Los detractores de la ley sobre "transparencia de la influencia extranjera2, aprobada en el Parlamento de Georgia el 14 de mayo, afirman que está inspirada por Moscú, y que podría comprometer el destino europeo del país. La reportera Valérie Gauriat viajó a Georgia para evaluar la situción.
"Esta ley va contra la democracia, contra los derechos humanos", afirma Mamuka Kotetishvili, científico, de pie con su familia frente al Parlamento georgiano, entre varios miles de manifestantes. "Afectará no sólo a las instancias de gobierno, sino a todos los campos de actividad en Georgia, desde el sistema sanitario al agrícola".
La ley georgiana sobre "transparencia de la influencia extranjera" obliga a toda entidad cuyos fondos procedan del extranjero en más de un 20% a registrarse como "organización que defiende los intereses de una potencia extranjera" y a someterse al control istrativo del Estado.
Están afectadas unas 25.000 ONG que operan en todos los sectores de actividad. Los críticos afirman que lo que denominan 'ley rusa' se inspira en una legislación similar aprobada en Rusia en 2012, que ha llevado a amordazar cualquier voz considerada crítica con el Kremlin. Los que se dedican a defender el Estado de derecho, y los medios de comunicación independientes, dicen ser los más amenazados.
"Ser tachados de perseguir intereses extranjeros sólo tiene connotaciones negativas. Significa que somos agentes extranjeros. Trabajar bajo esta etiqueta destruirá por completo la confianza en los medios de comunicación", afirma Lika Zakashvili, cofundadora y redactora jefe del medio digital 'Publika'.
"Y según esta ley, el Ministerio de Justicia está autorizado a acceder a las organizaciones y procesar información personal. Esto es especialmente peligroso para las organizaciones de medios de comunicación, porque almacenamos la información personal de nuestras fuentes. Y es peligroso para absolutamente todo el mundo".
La periodista y sus colegas han sido objeto de amenazas e intentos de intimidación. También lo ha sido Nino Dolidze, directora de la sección georgiana del ISFED,reputado organismo de observación electoral.
"Este Gobierno acaba de decidir cerrar todas las organizaciones que hablan de los problemas porque ven que es una especie de amenaza para mantener su poder. Nuestro objetivo es apoyar unas elecciones libres y justas en nuestro país, y no es el interés de ningún otro país", afirma.
"Nunca nos inscribiremos en este tipo de registro, lo que significa que nos creará problemas. Habrá sanciones, multas. Y acabará con el cierre de las organizaciones que trabajan por unas elecciones libres y justas, la corrupción, la independencia del poder judicial, los derechos humanos, el Estado de derecho y todo tipo de actividades de vigilancia. Al final, al Gobierno le parece bien, porque silenciará todas las voces libres".
El Gobierno y su partido niegan cualquier similitud con la legislación rusa, y afirman que los temores de los funcionarios europeos, que piden la retirada de la ley, son infundados. Bruselas ha advertido de que el proceso de adhesión de Georgia a la Unión Europea, iniciado el pasado invierno, podría verse obstaculizado.
Maka Botchorishvili, responsable de la Comisión de Integración Europea del Partido Sueño Georgiano, afirma que la ley está siendo sometida a un juicio injusto.
"Hay problemas de transparencia en la financiación de estas organizaciones. Hoy hablamos de una mayor participación de estas organizaciones en el proceso de toma de decisiones políticas de Georgia. Es importante que haya total transparencia para nuestros ciudadanos, y que sepan quién está detrás de sus posiciones políticas y por qué", afirma la diputada.
"Sólo se trata de registrar organizaciones, y el artículo en el que se establece la obligación de registrarse dice que esta ley no puede utilizarse contra el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil. Y estamos dispuestos a debatir cualquier recomendación legal sobre esta legislación, si necesitamos acercarla a las normas europeas."
Sin embargo, la inspiración rusa de la ley no deja lugar a dudas a Salomé Zourabichvili, presidenta de Georgia. Ha vetado la ley y exige su derogación total:
"Esta ley que decreta a nuestros socios desde hace 30 años, y amigos europeos o americanos, como sospechosos de querer desestabilizar el país, constituye un verdadero obstáculo, incluso he utilizado la palabra sabotaje de nuestra vía europea", fustiga.
Sin embargo, el partido gobernante podría eludir el veto de la presidenta mediante una nueva votación en el Parlamento.
"Esta ley se aprobará, el veto se anulará o se modificará de forma marginal e insignificante. Así que lo importante hoy es avanzar hacia las elecciones del 26 de octubre", declaró Salome Zourabichvili.
"A través de las elecciones tendremos un referéndum sobre Europa. Y la Unión Europea debe decir muy claramente que el país no será sancionado hasta que se conozca su respuesta a través de las urnas."
Según los sondeos de opinión, más del 80% de los georgianos desean la adhesión de su país a la Unión Europea. Pero se libra una batalla ideológica entre los partidarios del modelo occidental y la parte más conservadora de la sociedad, mayoritariamente favorable al gobierno.
Megi, estudiante de sociología de 22 años, está convencida de que mucho dependerá de la 'Generación Z' del país, que ha estado al frente de las protestas:
"Esta lucha ya no es sólo 'No a la ley rusa', es 'No al régimen ruso y Sí a Europa', exclama. "Vamos a reunirnos todos los días, tenemos que luchar. Y nos estamos preparando para las elecciones. Porque queremos vivir en un país libre".