Una de las propuestas permite acelerar la tramitación de las solicitudes de asilo desde determinados países. La otra, más controvertida, permite a los países de la UE enviar por la fuerza a personas a terceros Estados con los que no tienen vinculación.
PUBLICIDADComo parte de una iniciativa más amplia de la UE para trasladar la tramitación y las responsabilidades en materia de asilo fuera de sus fronteras, la Comisión propuso la semana pasada una revisión del concepto de "tercer país seguro", un procedimiento que algunos califican de "externalización".
Según la legislación actual, las autoridades de los Estados pueden trasladar a los solicitantes de asilo a uno de estos terceros Estados, pero solamente si tienen una conexión tangible con ese país, como una estancia anterior o presencia familiar. La nueva propuesta elimina este requisito. Los críticos han dicho que esto se asimila a la política de deportación de Ruanda del Reino Unido, que fue declarada ilegal por el Tribunal Supremo del país.
La eurodiputada alemana Lena Düpont, que apoya esta propuesta, argumenta que envía el mensaje correcto. "Está conectada con una de las últimas propuestas que tenemos sobre la mesa, que es la del retorno, en la que específicamente también se analiza la eficacia de los procedimientos de retorno a los países de origen, tránsito o terceros países". Las cifras de la Dirección General de Migración e Interior muestran que, cada año, se ordena la salida de más de 400.000 extranjeros sin derecho a permanecer en la UE. Sin embargo, solo alrededor del 20% de ellos son finalmente expulsados.
Por su parte, las ONG y varios expertos en migración afirman que la propuesta plantea serias dudas sobre la garantía de los derechos fundamentales de las personas. "Lejos de ser caótico y arbitrario enviar a personas a países con los que no tienen conexión, perspectivas ni apoyo, también lo consideramos fundamentalmente devastador a nivel humano", afirma Olivia Sundberg Diez, defensora del Pueblo Europeo sobre Migración y Asilo de Amnistía Internacional. "Ignora la capacidad de acción de una persona y, por tanto, no consideramos que pueda ser razonable esperar que permanezca allí. No puede ser una solución sostenible". Otros grupos de defensa de los derechos humanos también argumentan que supondrá una carga para las naciones más pobres.
Esta propuesta vino precedida de otra moción de la Comisión titulada "Países de origen seguros". En ella se detalla que las solicitudes de asilo de inmigrantes procedentes de países candidatos a la adhesión a la UE, como Turquía y Georgia, y otros siete países considerados "seguros", podrían tramitarse por la vía rápida, ya que es "poco probable que tengan éxito".
Algunos Estados , como Italia y Grecia, ya tienen una lista nacional de países de origen seguros, pero la lista propuesta por la UE pretende apoyar un sistema más uniforme. "El objetivo es mejorar tanto la tramitación de las solicitudes de asilo cuando puedan considerarse manifiestamente infundadas por diversos motivos. Y, al mismo tiempo, asegurarnos de que quienes no tienen derecho a permanecer en la Unión Europea, pero ya están aquí, sean efectivamente devueltos", dice Düpont.
A pesar de que los países de la lista se designan como seguros, los grupos de defensa de los derechos han dicho que esto es discutible. Por ejemplo, la lista incluye a Egipto, donde,según un informe de Human Rights Watch, las autoridades detienen y castigan sistemáticamente a críticos y activistas, y persiguen a las personas LGBTQ+. La Comisión presentó esta lista como algo "dinámico", que podrá ampliarse o modificarse con el tiempo. Los países que dejen de cumplir los criterios serán eliminados.
"Esto aumenta el riesgo de detenciones arbitrarias y automáticas en países alejados de la UE", afirma Sundberg Díez. "Ya hemos visto en el actual compromiso de la UE con países como Túnez, que simplemente no tiene la capacidad o el interés de supervisar y hacer cumplir las protecciones de los derechos humanos". La experta subraya que las propuestas que la Comisión ha presentado desde marzo tienen todas el mismo efecto, "que es dificultar el de las personas a la seguridad en Europa y trasladar esa responsabilidad de ofrecer protección a países alejados del bloque".
Düpont rebate esta afirmación. "Ambas propuestas comparten el objetivo de hacer que los procedimientos de asilo y retorno sean más eficientes, más efectivos, pero por supuesto, también más implementables para los Estados , de modo que podamos en cierto modo devolver el orden y la humanidad a las políticas europeas comunes de asilo y migración". Las propuestas serán, primero, defendidas ante el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo. A continuación se debatirá un texto común que podrá convertirse en ley, de aprobarse.