Herbert Kickl, el hombre encargado de formar una nueva coalición en Austria, aboga abiertamente por la "emigración de extraños no invitados". ¿A qué se refiere?
PUBLICIDADHerbert Kickl, de 56 años, líder del Partido Liberal de Austria (FPÖ), ha recibido el encargo del presidente del país de intentar formar un Gobierno de coalición.
Aunque Kickl podría necesitar semanas para asegurarse los votos necesarios, sus posibilidades de ser investido aumentaron enormemente después de que el Partido Popular Austriaco (ÖVP), de centro-derecha, abandonara su línea roja y se mostrara dispuesto a entablar negociaciones con el FPÖ. En el pasado, el ÖVP había trabajado con el FPÖ a nivel federal, pero con los conservadores de centro a la cabeza. Ahora, los papeles se invertirían.
Es una oportunidad trascendental para Kickl y su partido, fundado en 1956 por antiguos oficiales nazis. A todas luces, representa la oportunidad más realista de la extrema derecha de llegar a la Cancillería austriaca por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial.
"No he dado este paso a la ligera", declaró el presidente de Austria, Alexander Van der Bellen,* tras encargar el cargo a Kickl. Anteriormente, Kickl había calificado al presidente, de 80 años, de "momia" y "senil".
Implicaciones inmediatas para la UE
La llegada al poder de Kickl tener implicaciones inmediatas y de gran alcance para el lugar de Austria en la Unión Europea. El manifiesto de su partido para las elecciones parlamentarias de 2024 no oculta su euroescepticismo, con propuestas para revisar la contribución del país al presupuesto de la UE, deshacer el Pacto Verde y cuestionar el reparto de competencias, junto con críticas a las "irresponsables" sanciones del bloque a Rusia.
Pero las propuestas sobre migración son, quizá, las más explosivas. El FPÖ expone una visión de la "Fortaleza Austria" que erigiría tantas barreras al derecho de asilo que sería prácticamente inaccesible.
El derecho se suspendería por completo mientras Austria siga recibiendo tantas solicitudes, se legalizarían las devoluciones en la frontera, se eliminarían gradualmente la reagrupación familiar y las prestaciones sociales, y el Gobierno introduciría sanciones tanto contra los traficantes de seres humanos como contra las personas que son objeto de tráfico.
Y lo que es más polémico, las autoridades perseguirían activamente la "emigración de extranjeros no invitados". "Como canciller del pueblo, iniciaré la emigración de todos aquellos que pisoteen nuestro derecho a la hospitalidad", afirma Kickl en el manifiesto. Pero, ¿qué significa exactamente la "remigración"?
Un sueño identitario
El concepto de "emigración de retorno" está estrechamente vinculado a la conspiración de extrema derecha del "Gran Reemplazo", que postula que la civilización occidental está amenazada por un declive irreversible debido al descenso de la natalidad y a la llegada de inmigrantes de Oriente Próximo y el norte de África.
La sección de migración del manifiesto del FPÖ se abre con el título "homogeneidad" para arremeter contra el multiculturalismo y pide la aparición de una "unidad ideal y emocional", como dice Kickl en una cita extraída. "La población del Estado está siendo sustituida gradualmente por una inmigración masiva permanente", reza el manifiesto.
El objetivo de la "remigración" es invertir esta tendencia mediante deportaciones forzosas de personas de origen inmigrante, incluidos solicitantes de asilo, inmigrantes con permisos de residencia de larga duración, inmigrantes nacionalizados y, en la interpretación más radical del término, sus descendientes nacidos y criados en Europa.
Se trata de una estrategia organizada de arriba abajo para alterar la composición demográfica de un país. Los críticos la han descrito como una forma suave de limpieza étnica.
El concepto ha sido popular durante mucho tiempo entre los movimientos identitarios marginales que abrazan el supremacismo blanco, ya que se dirige deliberadamente a individuos no blancos, y ha sido adoptado gradualmente por partidos de extrema derecha con representación parlamentaria, en particular desde la crisis migratoria de 2015-2016, que transformó el discurso público en torno a los solicitantes de asilo y alimentó un aluvión de narrativas negativas.
Sin embargo, debido a su naturaleza altamente controvertida y a los enormes desafíos de llevar a cabo deportaciones masivas, la "emigración de retorno" no ocupó un lugar destacado en la conversación y no fue entendida por la población en general.
El secreto se levantó en enero de 2024, cuando la revista de investigación 'Correctiv' reveló que de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) habían asistido a una reunión secreta en Potsdam en la que Martin Sellner, líder del Movimiento Identitario de Austria, presentó un plan extremo de "emigración de retorno" para llevar a cabo expulsiones masivas en Alemania.
El proyecto de Sellner se centraba en tres categorías de personas (solicitantes de asilo, extranjeros con derecho de residencia y ciudadanos alemanes "no asimilados") y proponía deportaciones a un "Estado modelo" en algún lugar del norte de África, con espacio para hasta dos millones de personas.
Según 'Correctiv', la presentación de Sellner no suscitó "ninguna objeción" entre los asistentes, que se mostraron preocupados por la viabilidad del plan. La revelación desencadenó una furiosa reacción en toda Alemania y protestas callejeras a las que asistieron decenas de miles de personas. Incluso la AfD trató de distanciarse de la reunión, afirmando que los del partido habían asistido a título personal.
La indignación pública y los titulares perjudiciales, sin embargo, no relegaron la "remigración" al olvido político. El FPÖ (Austria), Vox (España) y Reconquista (Francia) son algunos de los que promueven el concepto. La AfD lo ha mantenido, con aclaraciones, antes de las elecciones anticipadas en Alemania. En Estados Unidos, Donald Trump utilizó brevemente el término durante su campaña presidencial de 2024.
Tolerancia cero
Kickl ofrece a la extrema derecha europea su mejor oportunidad de probar la "remigración". La visión de la "remigración" del FPÖ no incluye las expulsiones generalizadas expuestas por Sellner en Postdam, pero contiene varios elementos que, de aplicarse, permitirían a las autoridades centrarse en las personas de origen inmigrante de forma sistemática.
El manifiesto propone la expulsión acelerada de los solicitantes de asilo cuyas solicitudes hayan sido denegadas o hayan dejado de ser válidas, incluidos los "refugiados económicos", y que hayan llegado a Austria a través de terceros países seguros. Dado que Austria es un país sin salida al mar rodeado de naciones pacíficas y desarrolladas, esto significaría que se rechazaría la solicitud de toda persona que cruzara irregularmente la frontera terrestre.
Viena denegaría la ayuda al desarrollo a los países que rechacen las repatriaciones y crearía un "tribunal de vía rápida" para tramitar los recursos y peticiones. Además, ampliaría la lista de delitos penales que pueden dar lugar a la revocación del estatuto de refugiado y crearía "cárceles extraterritoriales" a las que serían trasladados los delincuentes condenados.
El FPÖ hace especial hincapié en la asimilación de los inmigrantes a la cultura y los valores austriacos, prometiendo "no tolerar la negativa a integrarse". Los esfuerzos de asimilación quedarían registrados en un "contrato de naturalización", que podría incumplirse si el ciudadano nacido en el extranjero comete delitos, abusa del Estado del bienestar o muestra una "falta de respeto" por el país, motivos vagos que podrían dar a las autoridades un amplio margen de maniobra.
La pérdida de la nacionalidad podría allanar el camino para una posterior deportación. "Cualquiera que se convierta en un delincuente en Austria o no respete nuestros valores, no merece nuestra protección", afirma Kickl en otra cita extraída. Los migrantes de Siria y Afganistán, que constituyen el grueso de los solicitantes de asilo en Austria, serían las principales prioridades del programa de "emigración de retorno", dice el manifiesto, porque "la mayoría de las razones para huir (de estos países) ya no existen".
Crisis humanitaria en Afganistán
La afirmación es especialmente llamativa porque el documento se redactó meses antes de la caída de la autocracia de Bashar al Assad en Siria. La oficina austriaca de Amnistía Internacional ha advertido contra esta práctica, afirmando que la situación en Siria después de Assad sigue siendo "extremadamente volátil" y que "Afganistán bajo los talibanes se enfrenta a una crisis tanto humanitaria como de derechos humanos".
"Está bien establecido en el derecho internacional y en las normas sobre protección de refugiados, que las solicitudes de asilo deben ser procesadas con prontitud y eficacia, y las circunstancias individuales de cada solicitante de asilo deben ser consideradas caso por caso", dijo la organización en un comunicado.
En el ámbito de la UE, el FPÖ aboga por un comisario europeo dedicado a la "emigración de retorno" y una "alianza de emigración de retorno" con Estados afines. En definitiva, el partido imagina un ecosistema en el que el asilo se convertiría en un derecho raro, si no imposible. Pero aunque todas estas ideas puedan parecer atractivas a los ojos de sus partidarios, llevarlas a la práctica podría ser una historia completamente diferente.
Los planes de "remigración" chocarían inevitablemente con la legislación de la UE e internacional, que garantizan el al proceso de asilo y a un juicio justo como derechos fundamentales y prohíben las expulsiones colectivas y las detenciones arbitrarias. El "principio de no devolución" prohíbe a las autoridades deportar a migrantes a naciones donde puedan sufrir persecución, tortura o cualquier otra forma de maltrato.
"Los obstáculos legales ante una expulsión arbitraria son grandes", dijo a 'Euronews' Andrew Geddes, profesor de estudios sobre migración en el Instituto Universitario Europeo (IUE). "Aparte del hecho bastante importante de que la repatriación es una idea racista, no hay muchas posibilidades de que resista desafíos legales o sea una medida práctica para gestionar la inmigración".
El manifiesto del FPÖ pretende acabar con la "sumisión de Austria a los tribunales internacionales".