Hace dos años, Bruselas presentó una ambiciosa legislación para mejorar las condiciones de quienes trabajan para plataformas digitales como Uber, Deliveroo y Glovo. Hoy, la ley lucha por sobrevivir.
PUBLICIDADSe suponía que la Directiva sobre Trabajadores de Plataformas iba a suponer un punto de inflexión. Gracias a ella, millones de falsos autónomos que trabajan a través de plataformas en todo el bloque serían reclasificados como empleados y se beneficiarían de derechos básicos como el salario mínimo, la asistencia sanitaria, el seguro de accidentes y las vacaciones pagadas.
Sin embargo, tras seis rondas de negociaciones entre el Parlamento Europeo y los Estados , la directiva se ha bloqueado, justo cuando estaba a punto de alcanzar la línea de meta.
Una reunión celebrada a finales de diciembre, pocas horas antes de que Bruselas se paralizara por vacaciones, reveló que un grupo de países mayor de lo esperado se oponía al proyecto de ley surgido de las conversaciones.
Francia, Irlanda, Suecia, Finlandia, Grecia y los países bálticos defienden que no pueden apoyar el texto actual, que fue negociado con el Gobierno socialista español como titular de la presidencia de turno del Consejo.
"Cuando se avanza hacia (normas) que permitirían reclasificaciones masivas, incluidos los trabajadores autónomos que valoran su estatuto de autónomos, no podemos apoyarlo", dijo en diciembre Olivier Dussopt, entonces ministro francés de Trabajo. Habitualmente, tras el acuerdo final entre Parlamento y Consejo, la aprobación final es una mera formalidad. Por lo que esta resistencia posterior ha sido una sorpresa.
La celebración de una nueva ronda de negociaciones está prácticamente garantizada, aunque todavía no se ha fijado una fecha. La situación es especialmente precaria, ya que las elecciones al Parlamento Europeo de junio imponen un plazo para concluir las conversaciones interinstitucionales a mediados de febrero.
Cuestión de presunción
Las objeciones expresadas por la coalición del "no" coinciden todas en un punto crítico: la presunción legal de empleo prevista por la directiva. Se trata del pilar central de la propuesta de ley, sin el cual la Directiva quedaría privada de su razón de ser.
La presunción legal es el sistema en virtud del cual una plataforma digital sería considerada empleador, en lugar de mero intermediario, y el trabajador sería considerado empleado, en lugar de autónomo.
Según la propuesta original de la Comisión Europea, la reclasificación se produciría si en la práctica se cumplen dos de las cinco condiciones:
- La plataforma determina el nivel de remuneración o establece límites máximos.
- La plataforma supervisa electrónicamente el rendimiento de los trabajadores.
- La plataforma restringe la capacidad de los trabajadores para elegir su horario de trabajo, rechazar tareas o recurrir a subcontratistas.
- La plataforma impone normas obligatorias de apariencia, conducta y rendimiento.
- La plataforma limita la capacidad de crear una base de clientes o de trabajar para un competidor.
Según las estimaciones de la Comisión, unos 5,5 millones de los 28 millones de trabajadores de plataformas activos en todo el bloque están actualmente mal clasificados y, por tanto, entrarían en la presunción legal. Ello les otorgaría derechos como el salario mínimo, la negociación colectiva, la limitación de la jornada laboral, el seguro médico, la baja por enfermedad, el subsidio de desempleo y la pensión de jubilación, en pie de igualdad con cualquier otro trabajador normal.
La reclasificación podría ser impugnada o refutada por la empresa o por los propios trabajadores. La carga de la prueba recaería en la plataforma para demostrar que la relación empleador-empleado no se corresponde con la realidad.
"Bastante delicada"
Desde el principio, la directiva resultó polémica entre los Estados , tradicionalmente protectores de sus políticas laborales y sistemas de bienestar.
Antes de iniciar las negociaciones con el Parlamento, los 27 países acordaron una posición común que introducía considerables modificaciones en la presunción legal, ampliando los criterios a siete y añadiendo una disposición imprecisa para eludir el sistema en determinados casos.
En cambio, los eurodiputados optaron por una cláusula de presunción general que se aplicaría, en principio, a todos los trabajadores de plataformas. Los criterios para reclasificarlos como asalariados sólo entrarían en vigor durante la fase de impugnación, lo que dificultaría a las empresas eludir el sistema. Los legisladores también reforzaron los requisitos de transparencia de los algoritmos y endurecieron las sanciones para las empresas incumplidoras.
La brecha entre el Consejo y el Parlamento ralentizó las negociaciones, conocidas como trílogo, con seis rondas necesarias para alcanzar un acuerdo, un número especialmente elevado.
Pero mientras los eurodiputados aplaudían el avance, en el Consejo la situación no era la misma. La resistencia tiene su origen en la presunción legal de empleo, que el trílogo devolvió a los criterios originales de 2/5, el equilibrio entre trabajadores a tiempo completo y a tiempo parcial, la carga istrativa impuesta a las empresas privadas y los posibles efectos adversos sobre la economía digital en su conjunto.
"En general, la cuestión es que el texto no aporta claridad jurídica y no está en línea con el acuerdo del Consejo", dijo un diplomático del grupo de países que se oponen al acuerdo bajo condición de anonimato. "Proteger a los trabajadores, sí, pero la competitividad debe permanecer".
Otro diplomático dijo que la posición alcanzada en el Consejo era "bastante delicada" y dejaba un espacio mínimo para concesiones: "Es difícil. No es un expediente fácil", señaló.
De España a Bélgica
A día de hoy, el acuerdo no cuenta con la mayoría cualificada necesaria para seguir adelante. Alemania, el país más grande del bloque, ha guardado silencio hasta ahora, lo que se ha interpretado como el preludio de una abstención. Si Berlín no participa en la votación, el camino hacia la mayoría cualificada será aún más difícil.
Casualmente, algunos de los países reticentes albergan algunas de las plataformas digitales más destacadas de Europa: Bolt (Estonia), Wolt (Finlandia), Free Now y Delivery Hero (Alemania). Estas empresas, junto con Glovo (España), Uber (EE.UU.) y Deliveroo (Reino Unido), han creado asociaciones sectoriales en Bruselas y han aumentado sus gastos de lobby para defender sus intereses corporativos e influir en el proyecto de ley.
Una de estas asociaciones, Move EU, celebró públic amente el rechazo de diciembre y calificó la directiva de "no apta para el propósito", criticando duramente la presunción legal, argumentando que "abrumaría a los tribunales nacionales y desharía reformas positivas".
Por el contrario, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) afirmó que la propuesta de ley se estaba "retrasando sin una buena razón" y pidió a las instituciones que dieran carpetazo al expediente: "El acuerdo alcanzado a tres bandas distaba mucho de ser ideal, pero por fin aportaba algunas normas básicas al sector", dijo la confederación.
La patata caliente política está ahora en manos de Bélgica, que asumió la presidencia del Consejo el 1 de enero. Bélgica tiene intención de presentar una nueva posición común e iniciar una séptima ronda de negociaciones con los eurodiputados.
"Estamos muy decididos a llegar a un acuerdo, pero no a cualquier precio. Porque, por supuesto, tenemos que mantener la ambición inicial" fijada por la propuesta de la Comisión, declaró la semana pasada Pierre-Yves Dermagne, ministro belga de Economía y Trabajo. "Sabemos que el calendario es bastante ajustado. Estamos hablando de una cuestión de semanas".
Pero el camino por recorrer está plagado de obstáculos. Una nueva fuerza en el Consejo para satisfacer las exigencias de la coalición de bloqueo puede desencadenar la reacción de los gobiernos de izquierda. Francia, en particular, se opone rotundamente a la directiva.
Y aunque el Consejo consiga superar los obstáculos y revisar su posición común, no hay garantías de que los eurodiputados estén dispuestos a ceder y suavizar el acuerdo de diciembre. Si el texto no supera la fase de diálogo a tres bandas a mediados de febrero, fecha límite impuesta por las elecciones, quedará sumido en un limbo legislativo.
"Ahora estamos en un punto muerto, con la Presidencia belga enfrentada a la tarea de conciliar posiciones tan opuestas que el resultado corre el riesgo de ser un reglamento muy débil", dijo Agnieszka Piasna, investigadora principal del Instituto Sindical Europeo (ETUI).
"Si el Consejo no cambia de postura, podríamos ver una directiva que fije el suelo mínimo tan bajo que las condiciones de los trabajadores de plataformas en algunos países podrían empeorar de hecho, e incluso obstruir la vía legal -que, a pesar de ser increíblemente costosa y engorrosa, ha sido hasta ahora una vía eficaz para que los trabajadores defiendan sus derechos."