El ministro Bolaños asume que habrá una investigación judicial interna y asegura que, en caso contrario, iniciarán acciones legales para desenmascarar al filtrador.
PUBLICIDADEl ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha asegurado dar por hecho que habrá una investigación de oficio para determinar cómo se han filtrado las conversaciones privadas de whatsapp entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. "Y si no la hubiera", ha advertido Félix Bolaños en una rueda de prensa desde Moncloa, "iniciaremos las acciones legales pertinentes para que se conozca todo, a fondo, de esta filtración".
Las conversaciones privadas entre ambos políticos socialistas, publicadas por el diario 'El Mundo' en varias entregas, se extienden entre los años 2020 y 2023, antes de que se investigase al exministro de Transportes por un presunto tráfico de influencias a través de su mano derecha, Koldo García, y de que el PSOE le expulsase de sus cargos orgánicos y de militancia. Los whatsapps reflejan que Sánchez y Ábalos mantuvieron o después de la crisis de Gobierno de 2021 que acabó con las carreras ministeriales de Carmen Calvo (Presidencia), Arantxa González Laya (Exteriores), Juan Carlos Campo (Justicia), Isabel Celaá (Educación), José Manuel Rodríguez Uribes (Cultura) o Pedro Duque (Ciencia), además del propio Ábalos.
"No hay límites para los ataques a Pedro Sánchez", ha sentenciado Bolaños durante su comparecencia posterior al Consejo de Ministros de este martes 13, en la que ha presentado su reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. "Queremos conocer todo: quién ha sido, por qué, qué otros mensajes están en poder de personas capaces de cometer delitos", ha añadido. La ministra portavoz y de Educación, Pilar Alegría, ha calificado los mensajes publicados como "absolutamente intrascendentes". En ellos se pueden leer críticas al entonces vicepresidente del primer Gobierno de coalición con Unidas Podemos, Pablo Iglesias, o a la todavía ministra de Defensa, Margarita Robles, además del enfado del presidente con sus barones socialistas más críticos, Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) y el expresidente aragonés Javier Lambán.
Ábalos apunta a la UCO: "Llevo meses con filtraciones y no ha pasado nada"
La caída de José Luis Ábalos del Consejo de Ministros causó sorpresa en 2021 debido a su historia política y personal con el presidente. El político valenciano fue uno de los pocos socialistas que apoyó a Pedro Sánchez tras su destitución en el comité federal del PSOE de 2016, la última gran crisis del partido. Tras los hechos, Sánchez consiguió recabar los suficientes apoyos durante las siguientes primarias de dicha organización política, recuperando así su poder interno. Ábalos, además, fue el encargado de leer el discurso de la primera moción de censura exitosa de la democracia española que acabó con la presidencia de Mariano Rajoy, gracias a la cuál el PSOE regresó al Palacio de la Moncloa.
El exministro, aún aforado ante la Justicia debido a su estatus de diputado mediante su escaño en el Grupo Mixto del Congreso, ha declarado ante 'El Independiente' sentirse enfadado con el revuelo mediático generado ya que él lleva soportando, dice, filtraciones desde su expulsión del PSOE. Ábalos asegura que las conversaciones publicadas estaban guardadas en dos discos duros en manos de Koldo García, las cuales fueron incautadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cuando detuvo a este último.
Bolaños presenta su reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal
En medio del revuelo mediático generado por esta filtración política al más alto nivel, el ministro de Justicia ha presentado esta mañana una ambiciosa reforma judicial que pretende, asegura Bolaños, desvincular el mandato del fiscal general de las legislaturas y, por tanto, del partido que gobierne en ese momento. Lo harán mediante la prolongación de su mandato durante un año, pasando de cuatro a cinco; uno más que la duración preestablecida de los ejecutivos españoles.
La reforma, ha dicho el ministro, está alineada con las peticiones de la Comisión Europea y del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) y permite que sean los fiscales los que dirijan el proceso de instrucción de los casos, en línea con otros países europeos. Además, se prohíbe expresamente que tanto el Gobierno central o los autonómicos soliciten que el Ministerio Fiscal promueva cualquier tipo de actuación en procedimientos concretos, y retira la competencia del Gobierno para nombrar, ascender y sancionar a los principales fiscales. Solo podrá cesarse a los futuros fiscales generales por "incumplimiento grave de sus funciones", y no por simple pérdida de confianza.
La reforma empezó a gestarse en el Ministerio de Justicia que dirige Bolaños antes de que estallara la causa contra el actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por una presunta filtración de las investigaciones contra la pareja de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, figura clave en la oposición conservadora. "Estamos llevando a cabo la mayor transformación de la Justicia en décadas", ha defendido el ministro competente. La reforma no entraría en vigor hasta 2028.